Por: Francisco Rojas Pérez
La transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos son pilares fundamentales de cualquier administración gubernamental. Sin embargo, la gestión de Citlali Calixto Jiménez al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero ha dejado dudas importantes respecto a su compromiso con estos principios.
En un contexto de incertidumbre financiera, la militante de Morena declaró a los medios de comunicación que el presupuesto del Congreso no contemplaba recursos suficientes para cubrir aguinaldos, gratificaciones y finiquitos de fin de año. Estas afirmaciones, que generaron alarma entre los trabajadores y la ciudadanía, contrastan con la realidad reflejada en el Presupuesto de Egresos 2024, donde se asignaron más de $80 millones para cubrir estas obligaciones laborales, de acuerdo al portal de transparencia del propipo Congreso local.
El choque entre sus declaraciones y la documentación oficial pone en evidencia una gestión que podría calificarse, en el mejor de los casos, de desinformada, y en el peor, de negligente. Pero las consecuencias no se limitan a un posible error administrativo: cientos de trabajadores que concluyeron su relación laboral con el Congreso recibieron cheques sin fondos, lo que los llevó a iniciar demandas ante el Tribunal Laboral. Esta situación no solo afecta a las familias que dependen de estos ingresos, sino también a la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo de cumplimiento y legalidad.
Lo más grave es la falta de explicaciones claras sobre el destino de los recursos. Si el presupuesto ya contemplaba estas partidas, ¿qué ocurrió con los fondos? ¿Por qué los trabajadores y ex empleados tuvieron que enfrentar este nivel de incertidumbre? Estas preguntas exigen respuestas inmediatas por parte de los responsables de la administración del Congreso, y en especial de quienes, como Citlali Calixto, ocuparon posiciones de liderazgo clave.
El manejo opaco de este asunto no puede ser ignorado. Guerrero, como entidad con desafíos sociales y económicos importantes, no puede permitirse liderazgos que no cumplan con los estándares mínimos de responsabilidad financiera y transparencia. La confianza en las instituciones se construye con hechos, no con excusas.
Los trabajadores del Congreso, así como los ciudadanos de Guerrero, merecen que se les informe con precisión qué ocurrió con los recursos asignados para sus derechos laborales. Más allá de los discursos, es imperativo que quienes han ocupado cargos de liderazgo rindan cuentas y asuman las consecuencias de sus acciones u omisiones.
El caso de Citlali Calixto no solo debe servir como una lección sobre las repercusiones de la mala gestión, sino también como un llamado urgente a los actuales y futuros líderes del Congreso de Guerrero: el presupuesto no es una herramienta política, sino un instrumento al servicio del pueblo.